Servicios educativos y tipo superreducido del IGI: la Batllia reafirma el criterio restrictivo de Tributs

Servicios educativos y tipo superreducido del IGI: la Batllia reafirma el criterio restrictivo de Tributs

Autores: Manuel Pérez Cambronero, Marc Urgell Díaz, Pau Pijuan Figuera

Una reciente Sentencia de la Batllia de Andorra aporta una aclaración determinante sobre la aplicación del tipo superreducido del 0% del Impuesto General Indirecto (IGI) a los servicios educativos.

La resolución judicial confirma el criterio restrictivo defendido en los últimos años por el Departament de Tributs i de Fronteres (DTF): únicamente pueden aplicar el tipo del 0% aquellas entidades autorizadas por el Ministerio de Educación que impartan programas formativos integrados en planes de estudios oficiales.

La sentencia también aporta criterios relevantes sobre la localización de los servicios de formación, especialmente en el ámbito digital, obligando a muchas entidades educativas a revisar su situación fiscal.

El tipo superreducido del 0% en los servicios educativos

La Ley 11/2012 del Impuesto General Indirecto prevé la aplicación del tipo superreducido del 0% para determinados servicios educativos y formativos.

Sin embargo, el alcance de esta medida ha sido objeto de diferentes interpretaciones administrativas durante los últimos años.

Inicialmente, la consulta vinculante CV0015-2015 consideraba suficiente la autorización comercial otorgada por el Ministerio de Turismo y Comercio para aplicar el tipo superreducido.

Posteriormente, las consultas CV0213-2021 y CV0254-2022 modificaron dicho criterio y establecieron que únicamente pueden beneficiarse del tipo del 0% las entidades autorizadas expresamente por el Ministerio de Educación y que impartan materias integradas en planes de estudio oficiales del sistema educativo andorrano o de países con acuerdos de cooperación educativa con Andorra.

La Batllia confirma el criterio del DTF

La Sentencia ratifica expresamente esta interpretación administrativa.

Según la Batllia, la autorización comercial no resulta suficiente para aplicar el tipo superreducido del IGI.

Únicamente los centros reconocidos por el Ministerio de Educación y que impartan formación oficialmente acreditada pueden facturar al 0%.

En todos los demás supuestos, los servicios educativos deben tributar al tipo general del 4,5% de IGI.

Localización de los servicios de formación

Otro de los aspectos clave analizados es la determinación del lugar de prestación de los servicios formativos.

La doctrina reciente del DTF diferencia claramente entre:

Servicios educativos

Cuando existe una intervención docente directa, continuada y esencial.

Por ejemplo:

• Clases en directo.

• Tutorías personalizadas.

• Seguimiento académico activo.

• Interacción continuada entre profesor y alumno.

En estos casos, el servicio se considera una prestación educativa.

Servicios electrónicos

Cuando la participación del docente es residual o inexistente.

Por ejemplo:

• Acceso a vídeos pregrabados.

• Plataformas automatizadas.

• Contenidos digitales sin tutorías ni seguimiento docente.

En estos supuestos, el servicio se considera un servicio prestado por vía electrónica.

Formación online: ¿cuándo se aplica el IGI?

La consulta vinculante CV0219-2021 establece que los servicios educativos prestados desde Andorra se consideran localizados en territorio andorrano, independientemente del lugar de residencia del cliente o alumno.

Esto significa que una entidad andorrana que imparta formación online con intervención docente deberá repercutir IGI tanto a clientes empresariales (B2B) como a particulares (B2C), incluso cuando se encuentren fuera del Principado.

¿Cuándo puede quedar un curso online fuera del IGI?

Únicamente cuando el servicio pueda calificarse como servicio electrónico.

En estos casos pueden aplicarse las reglas especiales de localización previstas en los artículos 43 y 44 de la Ley 11/2012.

Ello puede implicar que la operación no se considere realizada en Andorra y, por tanto, no quede sujeta a IGI.

No obstante, esta situación puede generar obligaciones fiscales en otras jurisdicciones, especialmente dentro de la Unión Europea, como:

• Registros fiscales.

• Declaraciones periódicas.

• Repercusión del IVA correspondiente.

Necesidad de revisar la situación fiscal

La consolidación de este criterio jurisprudencial obliga a numerosas entidades formativas a revisar su política fiscal.

La aplicación incorrecta del tipo del 0% puede dar lugar a regularizaciones tributarias por parte del DTF.

Además, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cuota tributaria dejada de ingresar.

Conclusión

La Sentencia de la Batllia refuerza de forma clara el criterio restrictivo aplicado por el Departament de Tributs i de Fronteres respecto a los servicios educativos.

Únicamente las entidades autorizadas por el Ministerio de Educación y que impartan formación oficial podrán aplicar el tipo superreducido del 0% de IGI.

Ante este nuevo escenario, resulta imprescindible revisar la estructura fiscal de los servicios educativos presenciales y online para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa tributaria andorrana.