Nueva Ley de la lengua propia y oficial en Andorra: el conocimiento del catalán pasa a ser requisito para determinadas renovaciones de residencia

Nueva Ley de la lengua propia y oficial en Andorra

Autora: Mònica Gené

El pasado 25 de abril, el Consell General aprobó, tras varios meses de negociaciones y por amplia mayoría, la nueva Ley de la lengua propia y oficial, una normativa que refuerza el papel del catalán como lengua oficial del Principado de Andorra y que vincula el conocimiento de esta lengua a determinadas renovaciones de autorizaciones de residencia.

La entrada en vigor de la Ley se producirá al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

La nueva regulación tiene como objetivo garantizar el uso oficial y el conocimiento adecuado de la lengua catalana, proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía, preservar su presencia en la enseñanza, los medios de comunicación y las actividades sociales, así como contribuir a la conservación del patrimonio lingüístico andorrano como elemento esencial de la identidad nacional.

La Ley también incorpora medidas destinadas a favorecer la accesibilidad y la inclusión, reconociendo, entre otros aspectos, el derecho de las personas con discapacidad a aprender lengua de signos y promoviendo el uso de un lenguaje más claro y comprensible por parte de las instituciones públicas para facilitar la relación entre la ciudadanía y la Administración.

Nuevos organismos encargados de la política lingüística

La nueva normativa crea la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació (JCLF), un organismo encargado de coordinar administrativamente la política lingüística en el ámbito de la formación y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley.

Entre sus principales funciones destacan la aplicación armonizada de la normativa en los distintos centros de formación, así como la definición de medidas, objetivos y planes de actuación relacionados con el uso y la calidad de la lengua catalana, adaptados a las características específicas de cada centro o servicio formativo.

Asimismo, se crea el Consell Nacional per la Llengua, un órgano consultivo y de participación social que actuará como espacio de debate y coordinación entre la sociedad civil, el Govern d’Andorra, los Comuns y el Consell General en materia de política lingüística.

Integración lingüística de los residentes no catalanohablantes

Con la finalidad de favorecer la integración lingüística y la plena participación en la sociedad andorrana de las personas procedentes de otros países, la Ley incorpora una disposición final que modifica la Ley 9/2012, de 31 de mayo, de modificación de la Ley cualificada de inmigración.

La finalidad de esta modificación es reforzar la integración de los nuevos residentes mediante el aprendizaje de la lengua catalana, considerada un instrumento fundamental para la cohesión social, la participación ciudadana y la integración cultural.

En este sentido, determinadas renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo quedarán condicionadas a la acreditación de conocimientos básicos de catalán mediante la obtención de los niveles A1 (básico) y A2 (inicial).

La normativa prevé excepciones para aquellas personas que puedan acreditar conocimientos suficientes de lengua catalana por las vías que se determinen reglamentariamente.

Asimismo, se concede un plazo de cinco años al Govern d’Andorra para desarrollar la normativa reglamentaria necesaria relativa a la acreditación de los niveles A1 y A2 de catalán aplicables a las renovaciones de autorizaciones de residencia actualmente vigentes.

Actualización del régimen sancionador

La Ley incorpora igualmente una actualización del régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de la normativa lingüística.

La competencia para la instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá al Departament de Política Lingüística, que actuará de forma coordinada con los organismos competentes del sector en el que se haya producido la infracción.

Asimismo, las cuantías de las sanciones podrán actualizarse periódicamente mediante la Ley del Presupuesto General.

Conclusión

La aprobación de la nueva Ley de la lengua propia y oficial representa un paso significativo en la política lingüística andorrana. Además de reforzar la protección y promoción del catalán, la normativa introduce mecanismos destinados a favorecer la integración de los nuevos residentes y garantizar el uso efectivo de la lengua oficial en los distintos ámbitos de la vida pública y privada.